El incendio forestal declarado el 26 de mayo de 2025 en el paraje La Malvina, ubicado en el término municipal de Moguer (Huelva), ha generado una intensa movilización de medios y abierto una investigación sobre su origen.

Según informa Europa Press, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha señalado que existe una "alta probabilidad" de que el segundo foco detectado durante las labores de extinción fuera intencionado, según declaraciones difundidas a través de las redes sociales del consistorio. La aparición de un nuevo brote de llamas, tras considerar el incendio inicial casi controlado, activó protocolos de seguridad y amplió las sospechas sobre una posible acción humana.

El fuego, que afectó a una zona de densa vegetación y invernaderos de frutos rojos, se extendió hacia un asentamiento chabolista cercano, dañando varias viviendas precarias. Aunque no se registraron víctimas, la proximidad a áreas habitadas y la presencia de líneas eléctricas elevó el riesgo durante las operaciones, que contaron con más de 30 efectivos del Plan Infoca, dos helicópteros (uno pesado y otro semipesado), vehículos autobomba y unidades médicas. La coordinación entre bomberos, Guardia Civil y Protección Civil permitió contener las llamas, aprovechando una disminución en la intensidad del viento.

La hipótesis de un origen provocado se sustenta en la recurrencia de incendios en la zona. Solo en 2023, Moguer registró 12 siniestros forestales, la mayoría atribuidos a causas humanas. Además, el alcalde destacó que este incidente fue el segundo del día en el municipio, tras otro en la zona de Cruz de Arpa. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas, con la participación de la Guardería Rural y la Policía Local, para determinar responsabilidades.

Este suceso reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de entornos naturales ante prácticas irresponsables y la necesidad de reforzar medidas preventivas, especialmente en áreas con alta actividad agrícola y asentamientos informales. La combinación de factores ambientales y sociales en La Malvina refleja un desafío complejo para las administraciones locales y autonómicas