La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, declaró ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que el 29 de octubre, el día de la tragedia, con quien más habló fue con el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, y que por su parte no recibió "datos concretos" sobre la pluviometría y el caudal de los ríos.

Así consta en la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso El Independiente. Ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, explicó que la información que le proporcionaba Polo respondía a preguntas que ella misma le formulaba, motivadas por su preocupación tras escuchar lo que le habían trasladado algunos alcaldes de las localidades afectadas por la riada.

Especificó que las cifras del caudal se enviaban en tiempo real a través de los distintos canales que recibe el Centro de Coordinación de Emergencias y, por correo electrónico, al resto de organismos únicamente con fines informativos. Aclaró que es en el Centro donde trabajan los técnicos capacitados para analizar esos datos y valorar posibles emergencias.

Asimismo, explicó que la comunicación fue simultánea con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el presidente de la Confederación durante la reunión que mantuvieron a las 9:30 ese día. Sin embargo, después de ese encuentro, ya no hubo comunicación simultánea hasta la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) por la tarde. En ningún momento —subrayó— el señor Polo le advirtió sobre un posible desbordamiento del río Magro; se enteró de ese riesgo a través de los medios de comunicación.

En su declaración como testigo el pasado 14 de abril, Bernabé explicó al fiscal que tampoco nadie de la dirección de la emergencia requirió una petición extraordinaria de información a la CHJ sobre la situación del barranco del Poyo. "Aun viendo los datos de pluviometría y caudalímetro del barranco del Poyo, no se habló sobre esto. Fundamentalmente se habló sobre la presa de Forata", reconoció. A preguntas de las acusaciones, detalló que Polo estuvo conectado con el Cecopi de forma telemática, al igual que ella, desde su constitución a las 17:00 horas y que no recuerda que hablase sobre el contenido de un correo enviado desde el organismo que presidía a Emergencias a las 18:43 horas, en el que se advertía de un caudal de 1.686 metros cúbicos.

Bernabé explicó que en el Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido el Cecopi, había "todo un operativo para recibir esa información, filtrarla y actuar, decenas de personas que trabajan solo para eso". En el momento en el que se envió ese correo electrónico quienes estaban conectados de forma telemática habían sido desconectados, porque minutos antes de las 18 horas así lo propuso la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, para analizar posibles actuaciones ante la posible rotura de la presa de Forata.

En esos instantes de desconexión, siempre según su testimonio, Bernabé supo que el desbordamiento del Poyo estaba afectando a Paiporta, por lo que llamó a Pradas para solicitar que se conectase de nuevo el Cecopi. La exconsejera le dijo, según afirmó la delegada del Gobierno, que "eso estaba pasando en más municipios", una frase que posteriormente, tras saber de las decenas de miles de llamadas recibidas por el 112, "tuvo mucho sentido".

Mazón dirigió el Cecopi

Durante las cerca de siete horas en las que estuvo declarando, la delegada del Gobierno aseguró en varias ocasiones que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, dirigió el Cecopi durante la noche del 29 de octubre y los días posteriores, hasta que "días después cambió su actitud" en este puesto de mando. Cuando se incorporó "él dirigía las reuniones, daba la palabra, dirigía el mando...", según Bernabé, que testificó que Mazón se sentó en el lugar presidencial, daba y quitaba el turno de palabra y, en definitiva, "dirigía el Cecopi".

En la transcripción de la declaración de Bernabé queda reflejado también el hecho de que la jueza declarase como improcedentes al menos una decena de preguntas formuladas por las acusaciones y relacionadas con la supuesta responsabilidad de Bernabé como representante del Ejecutivo central. También sobre su capacidad de elevar el nivel de emergencia, movilizar personal de seguridad, si analizó con el presidente del Gobierno o con algún ministro la situación u otras cuestiones sobre legislación estatal en materia de emergencias, entre otras.