La cuenta atrás en la opa de BBVA y Sabadell se va agotando. En menos de una semana se alcanzará otro de los hitos clave en la recta final de la operación. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tiene hasta el próximo lunes 26 para decidir si eleva o no al Consejo de Ministros el proceso de concentración entre ambas entidades para, en su caso, imponer condiciones adicionales a los compromisos con los que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) ha dado luz verde a la operación.

Según explicó Cuerpo este lunes en rueda de prensa, el ministerio está "ahora mismo" haciendo un "análisis pormenorizado" de toda la información de la que dispone sobre la operación. Pero además de una consulta pública inédita para este tipo de operaciones, Economía también ha solicitado información a diferentes ministerios del ámbito económico, según trasladan desde el citado departamento. Parte de la información que somete a examen el titular de Economía procede de la consulta pública, pero también de información e informes que se han requerido a ministerios que forman parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE).

El Gobierno se ha mostrado desde el principio reticente a la absorción del banco catalán por parte de la entidad vasca. Pero tras un año de análisis, Competencia autorizó la opa sujeta a una serie de compromisos pactados con BBVA. Ahora, el Gobierno tiene en su mano endurecerlos hasta tal punto que pueda hacer desistir al banco que preside Carlos Torres. Pero debe basarse en criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia para imponer condiciones a mayores.

Sobre esos criterios ha preguntado Economía a todo aquel interesado que quisiera participar en la consulta pública de una semana que expiró el pasado viernes. Es un proceso habitual para la elaboración de normas y proyectos de ley, pero nunca antes había sido utilizado para decidir sobre una operación corporativa entre empresas privadas. Cuerpo defiende que solo busca recabar toda la información posible antes de tomar una decisión.

A efectos legales, no puede basar su decisión en la información recabada en esa consulta pública en la que sí ha participado Sabadell pero no BBVA. En todo caso, la consulta no tenía ningún tipo de filtro ni mecanismo de verificación de identidad. Así que el ministerio está empleando algoritmos y herramientas de Inteligencia Artificial para depurar y procesar las respuestas recibidas en el formulario abierto en su página web. El ministerio no quiere poner el foco en el número de participantes sino en la relevancia cualitativa de la información que les ha sido trasladada a través de ese canal.

Yolanda Díaz y los sindicatos, en contra

Entre los ministerios del ámbito económico que más tendrán que decir está el Trabajo y Economía social que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Durante los últimos meses se ha mostrado contraria a la operación y ha abogado por que el Gobierno la frene ante el impacto que puede tener, entre otras cosas, en el empleo. El ajuste laboral asociado a este tipo de procesos podría alcanzar los 5.000 puestos de trabajo, según algunas cifras barajadas hasta ahora en el mercado.

Pero los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) trasladaron el pasado viernes una carta al ministro Cuerpo en el que alertan de que podría darse una "pérdida masiva de empleo" de entre 7.684 y 10.567 empleos directos, con una especial afectación entre las a personas mayores de 50 años.

Los cálculos que manejan ambas centrales sindicales apuntan también a un cierre de oficinas de entre 589 y 883 sucursales, lo que tendría un impacto en términos de exclusión financiera para la denominada España vaciada, las personas mayores y los colectivos vulnerables. "La eliminación de un operador clave como el Banco Sabadell en regiones donde tiene una fuerte implantación (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias o Murcia) representa una amenaza directa a la pluralidad del sistema bancario y a su capacidad para servir a la economía real", advierten en su misiva al titular de Economía.

Si el expediente de la CNMC finalmente se eleva al Consejo de Ministros, este tiene un mes de plazo para tomar razón y proponer su decisión final con las eventuales condiciones adicionales. Eso sí, la potestad de vetar la eventual futura fusión de ambas entidades (una vez que una mayoría suficiente de accionistas del Sabadell decidan que acuden a la opa tras abrirse el período de aceptación) se reserva solo para el titular de Economía.